A menos de un mes de cumplirse el primer aniversario del trágico temporal que azotó nuestra ciudad y causó la muerte de 13 personas por el derrumbe de una pared en Bahiense del Norte, el fiscal Cristian Aguilar aseguró que “la Comisión Directiva del club y el Municipio quedan exentos de responsabilidad”.

 

A su vez, se refirió a la citación como imputado de un ingeniero en construcciones que realizó un informe favorable sobre la estructura en el año 2016. Tal como informó este mediodía BHInfo, se trata de Pablo Gustavo Ascolani quien, de acuerdo a la investigación realizada por la UFIJ N° 1, "violó lo deberes de cuidado a su cargo, de forma imprudente o negligente" cuando certificó que las construcciones del club, ubicadas en Salta 28, reunían condiciones de seguridad.

 

"En 2016 se iniciaron dos expedientes: uno relacionado con la habilitación de la construcción y otro con la habilitación municipal. Se presentaron planos firmados por un ingeniero en construcciones, quien aseguró que el inmueble cumplía con las condiciones de estabilidad. Lamentablemente, el desmoronamiento ocurrió porque el muro no contaba con las medidas de seguridad adecuadas", explicó Aguilar, quien informó que Ascolani deberá prestar declaración indagatoria el próximo 28 de febrero en la sede judicial ubicada en Estomba 127 y, de ser encontrado culpable, podría enfrentar una pena de hasta cinco años de prisión. Y subrayó: “Si un ingeniero me certifica que la pared cumple con las condiciones de seguridad, no puedo prever que caerá”.

 

“La Comisión Directiva del club y el Municipio quedan exentos de cualquier responsabilidad”, recalcó el fiscal. “El muro es muy extenso, con más de 30 metros de largo, y en el tramo que va de los 7 a los 11 metros de altura no tenía encadenados. Esa fue la parte que se cayó. Por las pericias y los testimonios, sabemos que el muro presentó un efecto bandera. Además, el mortero estaba en malas condiciones y la pared tenía numerosos defectos constructivos”, detalló Aguilar, quien resolvió desestimar la investigación por “estrago culposo agravado” a la entidad deportiva.

 

Por otro lado, el fiscal explicó que no se puede imputar a los funcionarios municipales por la falta de habilitación del lugar: “Si bien los trámites se iniciaron en abril de 2016, las pruebas demuestran que la comuna no verifica la calidad de cálculos de ingeniería de las estructuras construidas”. A su vez, indicó: “Para que exista delito culposo debe haber previsibilidad. En este caso, nadie previó el temporal, que fue un hecho totalmente inusitado. El Servicio Meteorológico Nacional no emitió una alerta roja, por lo que Defensa Civil tampoco lo hizo y los eventos no se suspendieron. La Municipalidad no los canceló porque no había alerta roja”, completó el fiscal Cristian Aguilar.