El gobierno de Río Negro no le renovó el contrato a 448 empleados públicos argumentando la existencia de irregularidades graves en su desempeño. Entre ellos, destacaron ausencias injustificadas y “falta de compromiso laboral”. Según argumentaron desde el Ejecutivo provincial, no se trata de un ajuste, sino de una “optimización de los recursos humanos” para ser más eficientes en el uso de los fondos estatales.

La decisión se tomó a partir de una revisión que hizo la Secretaría de la Función Pública. Esa auditoría reveló que el 13,2% de los casos tenía “sanciones disciplinarias, incumplimientos laborales, o ausentismo del lugar de trabajo sin justificación, entre otras irregularidades”

“Todos estos casos han sido debidamente justificados, y la patronal, en este caso el Estado rionegrino, tiene la potestad de no mantener el vínculo laboral con una persona que no cumple con sus obligaciones, tal cual sucede en el ámbito privado”, informaron desde el gobierno provincial.